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Generalidades

La Ley Nº 7403, de Protección de Víctimas de Violencia Familiar, que deroga a la anterior 7202, posee carácter de orden público e interés social y tiene por objeto la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la Violencia Familiar, definiendo tanto el marco preventivo como los procedimientos judiciales para lograr tal cometido.

Crea el Registro de Violencia Doméstica que, para agilizar los procedimientos tendientes a garantizar sus fines, debe utilizar recursos informáticos, siendo su función principal, en el ámbito del Poder Judicial, proporcionar de manera inmediata al Juez competente, los antecedentes del denunciante y denunciado, para contribuir a un mejor conocimiento de la problemática y su evolución por parte de los agentes auxiliares de la justicia. En él constan el resultado de las actuaciones y otros datos que sirven a sus fines. También prevé la creación en el área del Poder Ejecutivo, de otro que deberá actuar coordinada y complementariamente con el Judicial, para el diseño y ejecución de políticas públicas de prevención, asistencia y tratamiento de la Violencia Familiar.

La Ley define la Violencia Familiar, encuadrando en ella a toda acción, omisión o abuso que provoque daño psíquico o físico, maltrato moral, financiero o económico notoriamente ilegítimo, agresión de carácter sexual y/o en su libertad, aunque no configure delito.

Estos hechos deben ser cometidos por parte de algún integrante del Grupo Familiar de la víctima, considerando como tal al originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, sean convivientes o no, persistan o hayan cesado, incluyendo a los ascendientes, descendientes, colaterales y afines o a quienes cohabiten bajo el mismo techo en forma permanente o temporaria, incluyendo aún a la persona con la que tenga o haya tenido relación de pareja o noviazgo.

A todas estas personas se podrá denunciar por los citados hechos, en las dependencias de la Policía, Ministerio Público, Juzgados de Paz o Juzgados de Personas y Familia.

Para garantizar la seguridad de las personas involucradas en hechos de Violencia Familiar, el Juez interviniente, al tomar conocimiento de los mismos, podrá adoptar de oficio o a pedido de cualquier interesado y de inmediato alguna de las siguientes medidas, las cuales son enunciativas, es decir, que a más de estas podrá tomar las que considere necesarias:

1. Ordenar la exclusión del agresor/a de la vivienda donde habita el grupo familiar, haciéndole saber en ese acto que deberá denunciar nuevo domicilio en el término de 24 horas.
2. Prohibir el acceso del agresor/a al domicilio o lugar donde habita la víctima y/o desempeña su trabajo y/o a los establecimientos educativos donde concurre la misma o miembros de su grupo familiar.
3. Disponer el reintegro al domicilio, a pedido de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al agresor/a.
4. Decretar provisoriamente cuota alimentaria, tenencia y derecho de comunicación con los integrantes del grupo familiar, sin perjuicio de la aplicación de las normas vigentes de similar naturaleza.
5. Ordenar todo tipo de informes que crea pertinente sobre la situación denunciada, y requerir el auxilio y colaboración de las instituciones que atendieron a la víctima de violencia.
6. Decretar una guarda provisoria a cargo de familia ampliada, o en su defecto, a cargo de persona de confianza o familia sustituta, para menores de edad.
7. Ordenar el registro del escenario de los hechos y la recolección de pruebas.
8. Disponer inspecciones oculares, requisas, allanamientos de domicilio, secuestro, el uso de la fuerza pública.
9. Disponer reglas de conducta que resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevas infracciones y toda otra medida que considere conveniente.
10. El trámite judicial no agota los objetivos de la Ley ya que impone, como obligaciones del Estado, a través del Poder Ejecutivo, implementar planes y programas destinados a:
    1. Sensibilizar a la comunidad en general respecto de la problemática de la Violencia Familiar, alertando sobre sus consecuencias y promoviendo valores de igualdad entre los géneros, tolerancia y libertad, en el marco de una convivencia pacífica.
    2. Prevenir la Violencia Familiar a través de:
       1. La internalización de modelos conductuales de resolución pacífica de los conflictos, en el ámbito de la educación.
       2. La adquisición de conocimientos y técnicas para la detección precoz de la Violencia Familiar en los servicios de salud, asistenciales, sociales, educativos y de seguridad.
       3. La promoción de la elaboración de Protocolos de Acción ante casos de Violencia Familiar, en los ámbitos de salud, educación y seguridad.
       4. El asesoramiento y asistencia psicológica gratuitos.
       5. La difusión masiva sobre derechos y servicios de asistencia.
       6. Acciones de promoción de la igualdad de género y comportamientos no sexistas.
       7. Acciones de promoción de los derechos de los niños.
       8. Acciones de promoción de fortalecimientos de los vínculos familiares.
    3. Asistir y tratar a víctimas y victimarios de Violencia Familiar mediante:
       1. La dotación de servicios especializados para la asistencia y el tratamiento médico y psicológico en hospitales y/o centros de salud, como mínimo, en los centros poblacionales que se consideren estratégicos desde el punto de vista de la accesibilidad territorial.
       2. La atención especializada en dependencias de la Policía Provincial.
       3. La provisión de sistemas de domicilio seguro y asistencia social para las víctimas.

En los diferentes tipos de intervenciones, el Poder Ejecutivo debe articular acciones con los restantes poderes del Estado y con las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la misma temática. A tal fin, crea en su ámbito el Registro de Organizaciones No Gubernamentales, en el que se podrán inscribir aquellas que trabajen en la temática de Violencia Familiar y cuenten con un equipo interdisciplinario para el diagnóstico y tratamiento de Violencia Familiar.

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Acordada Nº 9252